Actualmente el problema de la seguridad vial es un tema de
atención prioritaria por parte de los gobiernos, principalmente por tres
razones: humanitarias, de salud pública y económicas.
La accidentabilidad es una de las dos consecuencias
fundamentales del problema del tránsito, la otra es el congestionamiento, y
representa un grave problema de salud pública en el mundo, dado sus resultados
en la alta tasa de muertes y lesiones en la población, que conllevan a costos
económicos, secuelas psíquicas, sociales, y un alto porcentaje de
discapacidades.
Todos los factores involucrados: conductores, pasajeros,
peatones, ciclistas, vías, autoridades, leyes, servicios asistenciales y otros,
constituyen un complejo problema que involucra transporte, seguridad, justicia,
salud, educación, cultura y ambiente, el cual es necesario que sea abordado
desde el punto de vista multisectorial, con la concientización de la ciudadanía
y una firme voluntad política para disminuir y prevenir esta terrible epidemia.
La planificación integral de la
movilidad, dirigida a desarrollar un sistema seguro de transporte mejor adaptado al error humano, que considere
el uso de la tierra, el diseño de la infraestructura vial, inversiones en
transporte público, la vulnerabilidad del usuario, vehículos mas seguros,
controles de los factores de riesgo, educación vial y no menos importante, una
legislación actualizada conceptualizada en seguridad vial, penalizaciones y
mayores exigencias en el uso de licencias de conducir, coadyuvara sin duda, en
la reducción del número de
heridos y muertos por accidentes de tránsito, mitigará el sufrimiento,
desencadenará el crecimiento y liberará recursos para una utilización más
productiva en el país.
Es por ello que impera la necesidad de establecer a nivel de las regiones, programas permanentes de "PREVENCIÓN DE ACCIDENTES DE TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL", que contribuyan a la nueva cultura política (un sector público al servicio del ciudadano) y al nuevo enfoque de la gestión pública (ciudadanos integrados con las comunidades a las políticas de desarrollo nacional), en los cuales debe priorizarse la salud vial como acción de los gobiernos regionales, incorporando fuerza a los planes, programas y proyectos gubernamentales, con el objetivo de lograr para el decenio 2011-2020, una reducción significativa en la
mortalidad y morbilidad por accidentes de tránsito en Venezuela.
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